Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) se manifestaron en Xalapa para rechazar el nuevo esquema de evaluación de desempeño, ante el riesgo de que las calificaciones otorgadas por sus superiores puedan derivar en despidos, cambios de adscripción o pérdida de plazas.
La delegada del Sindicato Nacional de Renovación en Xalapa, Emiliano Zapata y Villa Aldama, Jennifer Ordóñez Villalobos, cuestionó que los titulares de los órganos jurisdiccionales tengan la facultad de evaluar al personal, al considerar que el modelo podría prestarse a decisiones subjetivas.
“Lo que rechazamos y lo que verdaderamente nos preocupa es el modelo de evaluación que pretende dejar a manos de las personas titulares la valoración del desempeño”, señaló.
La representante sindical aclaró que los trabajadores no se oponen a presentar exámenes para demostrar sus conocimientos y capacidades, pero advirtió que los resultados no deben utilizarse para condicionar su estabilidad laboral.
“La evaluación no puede convertirse en un instrumento de presión, subordinación o castigo”, afirmó.
La inconformidad surgió luego de que el 5 de noviembre se publicara en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo que establece el nuevo procedimiento de evaluación del personal judicial.
Aunque la primera evaluación está programada para diciembre de 2026 y tendrá únicamente carácter diagnóstico, sin consecuencias sobre la permanencia de los trabajadores, el sindicato expresó preocupación por las aplicaciones posteriores.
El Órgano de Administración Judicial ha informado que esta primera etapa no implicará despidos ni cancelación de plazas. Sin embargo, posteriormente se pondrán en marcha evaluaciones ordinarias.
Ante este escenario, los manifestantes pidieron modificar las disposiciones que permitan vincular las calificaciones con medidas laborales, como separaciones del cargo, cambios de adscripción injustificados o pérdida de plazas.
Ordóñez Villalobos también exigió respetar las garantías laborales contempladas durante la reforma judicial, incluidas las condiciones generales de trabajo y las disposiciones del artículo décimo transitorio.
“Una base no es un privilegio”, expresó al defender los derechos del personal que obtuvo sus plazas mediante procedimientos legales.
La dirigente sindical propuso que las evaluaciones tengan como objetivo identificar necesidades de formación profesional y que las deficiencias detectadas se atiendan mediante programas de capacitación, en lugar de aplicar medidas que pongan en riesgo la continuidad laboral.
“No nos oponemos a los exámenes ni tenemos temor a demostrar nuestros conocimientos”, insistió.
Finalmente, los trabajadores demandaron al Órgano de Administración Judicial establecer garantías para impedir que el nuevo sistema de evaluación se convierta en una herramienta de presión o represalia contra el personal del Poder Judicial de la Federación.
