Veracruz cerró 2024 como la tercera entidad del país con más agresiones registradas contra periodistas. Ese año, la organización Artículo 19 documentó diez casos de privación de la libertad, dos de ellos clasificados como secuestros.
El informe “Barreras Informativas: desafíos para la libertad de expresión y el acceso a la información” advierte sobre el impacto de la presencia del crimen organizado en la región, que genera un ambiente de constante intimidación, amenazas y censura hacia quienes ejercen el periodismo. En total, se reportaron 42 ataques en el estado, lo que representa el 6.59% del total nacional. La intimidación y el hostigamiento fueron las agresiones más frecuentes, seguidas por amenazas, bloqueos informativos y alteraciones de contenido.
En el contexto nacional, Artículo 19 contabilizó 639 agresiones contra periodistas durante 2024, lo que representa un aumento del 13.9% respecto al año anterior.
El informe enfatiza que hablar de Veracruz implica un entorno particularmente hostil para la prensa. Desde el año 2000, el estado ha acumulado el mayor número de asesinatos de periodistas en México, manteniéndose como el más letal para el ejercicio informativo.
La violencia contra periodistas, tanto actual como histórica, permanece impune. Esta falta de justicia fortalece un patrón de agresión constante. Durante el sexenio de Cuitláhuac García, al igual que en los gobiernos de Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes, los crímenes contra periodistas no han sido esclarecidos. La omisión envía un mensaje claro: agredir a la prensa no tiene consecuencias.
Además, el perfil de los agresores se ha diversificado. Los ataques provienen tanto de particulares como de actores no identificados, pero también de funcionarios públicos y cuerpos de seguridad, incluidos policías estatales y ministeriales.
Ante este panorama, Artículo 19 emitió recomendaciones al Estado mexicano, entre ellas, diseñar políticas públicas de prevención, reconocer públicamente la labor periodística, garantizar la seguridad social y laboral de los periodistas, y fortalecer el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. También urge atender la violencia digital, combatir el lenguaje estigmatizante y asegurar que las decisiones judiciales contemplen una visión amplia de la libertad de expresión.
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