La organización ARTICLE 19 advirtió un patrón de criminalización del ejercicio periodístico en el proceso penal contra el periodista Rafael León Segovia, luego de que un juez desestimó el delito de terrorismo, pero lo vinculó a proceso por otros cargos y le impuso prisión domiciliaria por un año.
El juez de control José Guadalupe Nucamendi Albores rechazó la imputación por terrorismo, al no acreditarse relación alguna entre el periodista y estructuras delictivas. Sin embargo, decidió vincularlo a proceso por encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública.
De acuerdo con ARTICLE 19, la audiencia estuvo marcada por inconsistencias, falta de argumentos e irregularidades en la actuación de la Fiscalía General del Estado (FGE), que no logró sustentar jurídicamente las acusaciones más graves.
La organización señaló que el proceso evidenció la forma en que la Fiscalía intenta criminalizar la labor informativa, al atribuir responsabilidad penal al periodista por la información que recibe de sus fuentes y que publica de manera oportuna.
Para la autoridad, dar a conocer hechos de interés público fue interpretado como indicio de conocimiento previo de actividades delictivas. Bajo el argumento de que Rafael León “llegaba antes” a cubrir determinados acontecimientos, la Fiscalía buscó sostener que su trabajo periodístico constituía una conducta ilícita.
La acusación se sustentó principalmente en un “testigo protegido”, cuyas declaraciones presentan contradicciones y fueron recabadas con irregularidades, según documentó ARTICLE 19.
Las coberturas periodísticas y la eficiencia profesional del comunicador fueron utilizadas como supuestas pruebas de delitos, además de imputarle no haber denunciado a las autoridades información que, por su naturaleza, proviene del ejercicio periodístico.
ARTICLE 19 advirtió que este caso sienta un precedente riesgoso para el ejercicio del periodismo en Veracruz, al abrir la puerta a la criminalización de personas comunicadoras por informar a la sociedad.
La organización cuestionó además que la FGE haya integrado y judicializado en menos de 20 días una carpeta contra un periodista, mientras solicitó cuatro meses de investigación complementaria, en contraste con la falta de avances en los asesinatos de periodistas en la entidad, que permanecen en la impunidad.
El juez impuso arraigo domiciliario hasta la conclusión del juicio, una medida que impide al periodista realizar trabajo de campo y continuar con su cobertura informativa, afectando sus derechos y el derecho a la información.
