La migración de mexicanos hacia Europa ha tomado un nuevo y preocupante matiz que va más allá de la búsqueda tradicional de empleo. En lo que se ha catalogado como una “evacuación selectiva“, una parte crucial de las cúpulas empresariales y profesionales de México está reorientando su vida y su capital hacia el viejo continente.
En el último año, más de 28,000 mexicanos han logrado obtener la residencia legal en España, mientras que más de 9,000 han hecho lo propio en Portugal. Esta tendencia marca un significativo aumento del 41% en comparación con registros anteriores, y consolida a México como la cuarta nacionalidad que más residencias obtiene en España y la sexta en Portugal.
Los protagonistas de este movimiento no son migrantes comunes. Se trata del 0.3% superior de la pirámide de ingresos, un grupo crucial que incluye a medianos y grandes empresarios, fundadores de ‘unicornios’ tecnológicos, herederos de grupos industriales, médicos de élite y abogados corporativos.
Para obtener la residencia, estos inversionistas han tenido que desembolsar un mínimo de 500,000 euros en inmuebles o demostrar ingresos anuales superiores a 42,000 euros.
Este segmento de la población es vital para la economía nacional: pagan el 72% del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de personas físicas y generan el 68% del empleo formal en el país.
La decisión de abandonar el país se basa en una reacción que ha sido descrita como “conceptualmente racional”. Tres argumentos esenciales explican el fenómeno:
Inseguridad Sofisticada: El crimen se ha vuelto cada vez más dirigido y sofisticado contra este grupo específico de alto patrimonio.
Deterioro en Servicios Clave: La calidad de las mejores universidades mexicanas, así como de hospitales y tratamientos médicos, se ha estancado y ya no cumple con sus expectativas.
Estado de Derecho en Liquidación: Este es quizás el argumento más inquietante. La percepción de incertidumbre legal, en particular la preocupación por reformas que puedan declarar el “interés social” por encima de cualquier otro argumento, está generando pánico entre los inversionistas, incluso superando la preocupación por la seguridad.
Los indicadores financieros confirman la magnitud del éxodo de capital. El Banco de España reportó que los depósitos de residentes mexicanos en bancos españoles se han incrementado en un impresionante 68% en los dos últimos años.
Un reporte de Knight Frank Wealth estima que el 38% de los mexicanos con patrimonio líquido superior a 30 millones de dólares planea emigrar antes de 2030, una proporción que supera incluso la de Venezuela.
Una encuesta a 400 empresarios con patrimonio superior a 10 millones de dólares reveló que el 52% de ellos considera seriamente sacar a su familia del país antes de la próxima elección presidencial.
El costo fiscal de esta partida para México es monumental. España y Portugal exigen a los mexicanos que inviertan, creen empresas y paguen impuestos en sus territorios, lo que significa una doble pérdida neta para México: la fuga de capital y la fuga de talento.
Se calcula que, si solo el 20% de estas familias emigra en los próximos cinco años, el fisco mexicano podría perder entre 45,000 y 60,000 millones de pesos anuales en concepto de ISR e ISN, una cifra superior a lo que recauda la totalidad del impuesto sobre bebidas azucaradas. La salida de estos grupos, generadores de empleo y contribuyentes clave, es un indicio de que el país está perdiendo a quienes necesita para su crecimiento.
