Las sanciones derivaron de omisiones en la entrega de informes al SIF, registro incompleto de operaciones financieras o falta de documentación requerida conforme a la convocatoria del proceso judicial.
El Instituto Nacional Electoral (INE) impuso 201 sanciones a personas candidatas a cargos jurisdiccionales en Veracruz como parte del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial Local 2024–2025.
Del total de medidas, 173 fueron multas económicas por un monto global de 436 mil 833.44 pesos, además de 15 amonestaciones públicas, ocho cancelaciones de candidaturas y cinco casos sin efectos.
Las sanciones derivaron de omisiones en la entrega de informes al Sistema Integral de Fiscalización (SIF), registro incompleto de operaciones financieras o falta de documentación requerida conforme a la convocatoria del proceso judicial.
Entre las personas sancionadas se encuentra Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, actual presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, con una multa de mil 810.24 pesos por irregularidades administrativas. La sanción individual más alta fue para Marko Antonio Rodríguez Ventura, aspirante a juez penal, con una multa de 20 mil 252.06 pesos.
El INE canceló el registro de ocho aspirantes, entre ellos: Andrés Arias Romero, Hernán Cortés Rascón, Ana María De La Barrera Jiménez, Juan Carlos González Hernández, Julio César García Landero, Patricia Aburto Córdoba y Saúl Solís López.
Estas cancelaciones se justifican por incumplimientos graves a las obligaciones establecidas en la convocatoria, principalmente la falta reiterada de reportes financieros.
Distribución de sanciones por tipo de cargo: 48 sanciones a aspirantes a magistraturas del Tribunal Superior de Justicia, 16 sanciones a candidaturas para el Tribunal de Disciplina Judicial, 3 sanciones a aspirantes al Tribunal de Conciliación y Arbitraje y 150 sanciones a aspirantes a jueces y juezas
La lista completa de personas sancionadas incluye multas que van desde los 113.14 pesos hasta los 20 mil 252.06 pesos, además de nombres que recibieron amonestación pública sin sanción económica.
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