Orizaba, Ver.- La denuncia radicada en la carpeta de investigación número 131/2025 interpuesta ante la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción en contra del presidente municipal de Orizaba, Juan Manuel Diez Francos, no será la única que obtendrá el edil, aseguró en rueda de prensa Jesús Francisco Hernández Morales, asesor jurídico de un grupo de exobreros de la empresa Virita SA.
Dijo que el delito cometido por el cual fue denunciado el alcalde orizabeño fue por despojo de un inmueble adjudicado a los extrabajadores, por lo que tendrá que responder por abuso de poder. “El presidente municipal está violando los derechos de mis clientes. No hubo ningún proceso legal, aun así, permitieron un asentamiento irregular en la zona, con instalaciones de drenaje, agua y luz, por lo que podría derivar en acciones legales contra el alcalde y otras autoridades”, acusó el abogado.
Además, señaló que el ayuntamiento otorgó permisos de construcción en el área, pese a que el terreno está legalmente adjudicado a los extrabajadores.
“Es un delito grave. Las autoridades no debieron permitir este crecimiento urbano irregular”.
De los extrabajadores y actuales adjudicatarios del terreno, señaló que tanto el gobierno municipal de Orizaba como el de Ixhuatlancillo tenían conocimiento de la situación, pues el predio en disputa colinda con ambos municipios.
“Las autoridades no pueden alegar ignorancia. El inmueble está inscrito en el Registro Público de la Propiedad y era de dominio público que ahí funcionaba una hidroeléctrica”.
Los extrabajadores, tras ganar un juicio laboral contra Virita SA, embargaron y se adjudicaron el terreno.
Sin embargo, denunciaron que ahora están siendo despojados del mismo, debido a la construcción de una calle conocida como Prolongación de Norte 5, sin que existiera un procedimiento legal que lo avale.
El abogado aseguró que el alcalde Diez Francos actuó con impunidad. “Ahora Juan Manuel hace una casa y una calle, y no le importa porque no es de él”.
Advirtió que la denuncia presentada es sólo la primera de más acciones legales, ya que los afectados buscarán frenar el desarrollo irregular y exigir la restitución de sus derechos.
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