Durante la segunda sesión ordinaria, la LXVII Legislatura de Veracruz recibió la solicitud del gobernador del estado para otorgar en comodato condicional 29 bienes muebles a la Secretaría de Marina (Semar).
Estos bienes provienen del desguace del Buque Cañonero C-07, y la propuesta busca formalizar la entrega bajo la figura de comodato, permitiendo el uso de los bienes sin que pierdan su propiedad estatal.
La diputada Tanya Carola Viveros Cházaro, presidenta de la Mesa Directiva, instruyó a la Secretaría General del Congreso que, tras la conformación de las Comisiones Permanentes, los asuntos sean turnados a las instancias legislativas correspondientes para su análisis y dictamen.
Además de la solicitud del gobernador, el Congreso abordó varios temas de interés público. La Comisión de Vigilancia fue instruida para revisar el tercer informe trimestral de finanzas públicas de 2024, presentado por la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).
Asimismo, la Comisión de Gobernación recibió un oficio del presidente municipal suplente de Playa Vicente, José Luis Mateos Silverio, quien notificó su decisión de no asumir el cargo titular debido a problemas de salud.
En otro tema, las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda, junto con la Comisión para la Atención y Seguimiento de la Regularización y Situación Jurídica de los Predios Escolares, revisarán una solicitud del Ayuntamiento de José Azueta.
Este municipio busca enajenar terrenos de su fundo legal a favor de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), destinados a la construcción de instituciones educativas.
Por su parte, la Comisión de Gobernación atenderá una queja presentada por el síndico de Sayula de Alemán, Bartolo Grajales Lagunes, quien denuncia presuntas irregularidades cometidas en su contra por ediles y funcionarios de ese municipio.
La Comisión de Vigilancia analizará la petición de auditoría solicitada por Fidel Hernández Gutiérrez y Joaquina Contreras Platas, síndico y regidora del Ayuntamiento de Villa Aldama, quienes exigen una revisión exhaustiva de la tesorería municipal y de la ejecución de obra pública, alegando irregularidades en la gestión de recursos.
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